Lloyd George decidió entonces doblar la apuesta, haciendo que en la cámara de los comunes se aprobase una ley nueva, esta vez de naturaleza constitucional, por la cual la cámara de los lores no podría, desde entonces, enmendar las leyes financieras -de aquí en adelante jurisdicción exclusiva de los comunes-, y estipulaba que el bloqueo del resto de las leyes sólo podría durar un año. Los lores, como era de esperar, opusieron su veto a este suicidio programado, provocando la convocatoria de nuevas elecciones, donde se repitió la victoria de los liberales. En virtud de la doctrina Salisbury, los lores tendrían que haber renunciado voluntariamente a su oposición y aceptar que se sancionasen las leyes en litigio, que eran, a la vez, financieras y constitucionales. Sin embargo, dado el calado histórico de la apuesta, una buena parte de los lores estaban dispuestos a revocar ese compromiso de su jefe, que en el fondo no era más que un acuerdo informal. Según los testimonios mejor informado, parece que la amenaza, por parte del rey, de crear quinientos escaños nuevos en la cámara de los lores -resultado de una promesa secreta a Lloyd George antes de las elecciones- jugó un papel decisivo. Sin embargo, es muy complicado predecir que habría sucedido en realidad si los lores no se hubieran amoldado a adoptar, en mayo de 1911, la nueva ley consitucional. En todo caso, es en ese instante cuando la cámara de los lores perdió todo poder legislativo auténtico. Desde 1911, ha sido la voluntad mayoritaria, plasmada en las urnas y en la cámara de los comunes, la que cuenta con fuerza de ley en el Reino Unido, mientras que los lores sólo tienen un papel consultivo, en gran medida protocolario. La institución política que había gobernado el Reino Unido durante siglos, que había presidido la formación y el destino de su primer imperio colonial e industrial mundial a lo largo de los siglos XVIII y XIX, había cesado de facto de ser un instancia decisiva.
Thomas Piketty, Capital e ideología
En la entrada anterior, había intentado esbozar los presupuestos metodológicos del último libro de Piketty, intento de una historia general de los sistemas impositivos desde el inicio de los tiempos. Durante todo el análisis, hay que tener en cuenta la tesis principal del libro: economía e ideología no son compartimentos aislados y estancos. Toda organización social tenderá a crear un sistema financiero e impositivo amoldado a sus ideales políticos, en el sentido de contribuir a perpetuarla en el tempo. El objetivo principal será mantenerse intactos una serie de privilegios y jerarquías ya existentes -o recién creados-, sean estos del signo político que san, La regulación económica devendrá así una criada de la política, nunca al contrario, negando sus pretensiones de ciencia objetiva e independiente -esto lo añado yo-.
Partiendo de esa premisa, Piketty identifica una serie de sistemas político-económicos, que podrían resumirse en tres: las sociedades ternarias, las sociedades de propietarios, propias del siglo XIX, para terminar en los múltiples sistemas mixtos del siglo XX. Mixtos, porque incluso en los países más vocalmente neoliberales -EE.UU y UK- la realidad es de una amalgama público/privada en la que que ninguna de las partes puede sobrevivir sin la otra. De todos ellos, el más longevo ha sido el ternario, que sólo empezó a cuarterarse a finales del siglo XVIII y eso en Europa. De hecho, durante todo el XIX el sistema ternario se perpetúo en forma de la administraciones coloniales que surgían a medida que la potencias europeas se adueñaban del mundo.