Estas graves alteraciones del orden, como lo había sido ya la rebelión del general Sanjurjo en agosto de 1932, hicieron mucho más difícil la supervivencia de la República y del sistema parlamentario, demostraron que hubo un recurso habitual a la violencia por parte de algunos sectores de la izquierda, de los militares y de los guardianes del orden tradicional, pero no causaron el final de la República, ni mucho menos el inicio de la guerra civil. Y todo porque cuando las fuerzas armadas y de seguridad de la República se mantuvieron unidas y fieles al régimen, los movimientos insurreccionales podían sofocarse fácilmente, aunque fuera con un alto conste de sangre. En los primeros meses de 1936, la vía insurreccional de la izquierda, tanto anarquista como socialista, estaba agotada, como había ocurrido también en otros países., y la organizaciones sindicales estaban más lejos de poder promover una revolución que en 1934. Había habido elecciones en febrero, libres y sin falseamiento gubernamental, en las que la CEDA, como los demás partidos, puso todos sus medios, que eran muchos, para ganarlas y existía un Gobierno que emprendía de nuevo el camino de las reformas, con una sociedad, eso sí, más fragmentada y con la convivencia más deteriorada. El sistema político, por supuesto, no estaba consolidado y como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos gigantescos.
Nada de eso, sin embargo, conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicano para mantener el orden. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el propio seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que rompieron el juramento de lealtad a ese régimen en julio de 1936. La división del ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión, el logro de su principal objetivo: hacerse rápidamente con el poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe de estado dio paso a la violencia abierta, sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. En ese momento, y no en octubre de 1934 o en la primavera de 1936, comenzó la guerra civil.
Julian Casanova, República y Guerra Civil, Volumen 8 de la Historia de España Fontana/Villares
En entradas anteriores de esta serie, les he hablado ya de lo problemático que es ubicar el periodo de la Segunda República. Si se elige narrarla junto con la larga agonía de la Restauración, se puede acabar dando la idea de que la experiencia republicana fue un escalón más, el último, en la descomposición y desvertebración de la España surgida del siglo XIX. Si se prefiere, por el contrario, continuarla con la guerra civil, es difícil evitar una sensación de inevitabilidad y fatalismo: que la República, en definitiva, sólo podía concluir con el desastre de la guerra civil.
Por supuesto, ambas opciones descalificatorias son las preferidas por la derecha y amplios sectores del centro-derecha. Para los sectores de ideología más rancia y tradicional, la República fue una aberración que había que borrar por todos los medios, aunque estos consistieran en una guerra civil sanguinaria y en una dictadura no menos cruel y salvaje. Para los sectores de la ahora derecha civilizada y liberal, esa que se pretende orteguiana, la República no fue lo que debía haber sido, sino que pronto se convirtió en semillero de radicalizaciones nefastas, de manera que cualquier exceso posterior está plenamente justificado. Basta que finalmente, aunque fuera medio siglo después, se construyera una democracia como Dios manda, ésa que tan tocada anda ahora.
Nada de eso, sin embargo, conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicano para mantener el orden. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el propio seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que rompieron el juramento de lealtad a ese régimen en julio de 1936. La división del ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión, el logro de su principal objetivo: hacerse rápidamente con el poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe de estado dio paso a la violencia abierta, sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. En ese momento, y no en octubre de 1934 o en la primavera de 1936, comenzó la guerra civil.
Julian Casanova, República y Guerra Civil, Volumen 8 de la Historia de España Fontana/Villares
En entradas anteriores de esta serie, les he hablado ya de lo problemático que es ubicar el periodo de la Segunda República. Si se elige narrarla junto con la larga agonía de la Restauración, se puede acabar dando la idea de que la experiencia republicana fue un escalón más, el último, en la descomposición y desvertebración de la España surgida del siglo XIX. Si se prefiere, por el contrario, continuarla con la guerra civil, es difícil evitar una sensación de inevitabilidad y fatalismo: que la República, en definitiva, sólo podía concluir con el desastre de la guerra civil.
Por supuesto, ambas opciones descalificatorias son las preferidas por la derecha y amplios sectores del centro-derecha. Para los sectores de ideología más rancia y tradicional, la República fue una aberración que había que borrar por todos los medios, aunque estos consistieran en una guerra civil sanguinaria y en una dictadura no menos cruel y salvaje. Para los sectores de la ahora derecha civilizada y liberal, esa que se pretende orteguiana, la República no fue lo que debía haber sido, sino que pronto se convirtió en semillero de radicalizaciones nefastas, de manera que cualquier exceso posterior está plenamente justificado. Basta que finalmente, aunque fuera medio siglo después, se construyera una democracia como Dios manda, ésa que tan tocada anda ahora.
