Nelte made no attempt to disprove allegations that Keitel had planned the bombardment of Warsaw, the assesination of two French generals, had passed on the commando order, or been fully involved in the inhumane treatment of Russian prisioners. Instead he fell back on claims that Keitel had regularly told OKW officers to inform him of any orders against their consciences (Lahousen had no recollection of this), that he had tried to lessen the effect of orders, that the Gestapo and SD had behaved contrary to the intention of their orders, that he had actually forbidden the circulation of the order to brand Russian prisioners but that a few copies had slipped through because of 'a regrettable, a terrible misunderstanding'. To all such claims Lahousen replied with confidence and ease. The constant theme of his replies was that of the prosecution as a whole - even if the defence claims were true, they could not alter the fact that the orders were given, they were carried out, protest and attempts to mitigate them may have been made, but the policies continued without modification and those who claimed to have protested remained in office and administered them.
Declaraciones de Erwin Lahousen, Lugarteniente del almirante Canaris, como testigo de la acusación en el juicio de Nüremberg, según se recogen en The Nuremberg Trial de Ann y John Tusa.
He elegido estas declaraciones por su importancia a la hora de entender el Juicio de Nüremberg, como hito en la historia del derecho internacional. Lahousen no era un cualquiera en el régimen nazi, como lugarteniente de Canaris, estaba a cargo del servicio de espionaje y contraespionaje alemán, con acceso y conocimiento, por tanto, a los rincones más recónditos del sistema. Además, era un opositor activo, uno de los pocos que consiguió sobrevivir a las purgas que siguieron al atentado del 20 de julio y que se llevarón por delante a su propio jefe.
Una oposición que, como en el caso de su jefe, está tenida de sombras. Muchos fueron los que se dieron cuenta del destino que le esperaba a Alemania bajo la dirección de Hitler, pero pocos se atrevieron a seguir el ejemplo del general Ludwig Beck, jefe del estado mayor alemán, que dimitió en 1938. La mayoría, gente de derechas que había apoyado a Hitler como baluarte contra la revolución de izquierda, seguían temiendo a la izquierda y al supuesto desorden que habría de traer, o encontraban que sus sentimientos patrióticos les impedían abandonar a su tierra natal en tiempo de guerra, de forma que cuando al final se atrevieron a rebelarse era ya demasiado tarde.
Lahousen, no obstante, no sólo utilizó la protección de Canaris para transmitir información a los aliados, sino que participó activamente en casi todos los atentados contra su vida. Aún más pertinente, si bien fue uno de los primeros en entrar a formar parte de la Gestapo, ya en 1933, en cuanto descubrió su carácter criminal, procuró maniobrar para ser destinado a otro puesto y así no mancharse con sus crímenes.
Este punto es primordial. Los crímenes nazis eran de tal categoría que prácticamente eran irrebatibles. Multitud de tratados habían sido rotos, países invadidos sin otra justificación que la de encontrarse en el camino de los nazis, la guerra había sido conducida con absoluta crueldad, procurando aplastar el más mínimo espíritu de resistencia y sin ningún respeto a las convenciones internacionales, mientras que las poblaciones ocupadas sólo eran de interés para los alemanes en cuanto les supusieran un beneficio, fuera de lo cual bien podían ser exterminadas. Un catálogo de crueldades que por sí solo hubiera bastado para condenar al régimen nazi y sus jerarcas, aún sin que hubiera existido el exterminio de los judíos.
Frente a estas pruebas irrefutables, la defensa intento refugiarse en múltiples y variados argumentos. Uno de los más utilizados fue que la responsabilidad recaía en otros, como Hitler, Bormann o Himmler y que los acusados, especialmente los jefes militares, habían sido meros correos de esas órdenes, las cuales no podían negarse a firmar y transmitir, obligados por su juramento de lealtad a la patria, el estado de guerra o el miedo por su propia seguridad. Unas órdenes que, en todo caso, ellos habían intentado impedir su aplicación o al menos atenuarles.
El testimonio de Lahousen es un perfecto resumen a la postura que adoptó el tribunal. Ellos, los jefes militares, no eran soldados rasos a los que podía amenazarse con el fusilamiento. Otras personas, como Ludwig Beck, habían tenido el valor de demostrar su desprecio por el nazismo apartándose del régimen, sin que por ello hubieran sido perseguidad o encarceladas, o como solución menor habían buscado puestos secundarios, para no marcharse con los crímenes. Los jerarcas allí encausados, por el contrario, habían ocupado los más altos puestos del régimen, unos cargos que le permitían decididir cual era la política a seguir y como debía implementarse, punto donde se encuentra la falsedad de sus razonamientos, ya que a pesar de su protestas de haber intentado mitigar o atenuar esas políticas, lo cierto es que estas se llevaron a cabo, con la habitual eficiencia germana, siguiendo unas órdenes que llevaban su firma y que, por tanto, le daba su aprobación, obligando a los que estaban por debajo a obedecerlas sin rechistar.
Unas órdenes que además, dado su carácter criminal, podían y debían ser desobedecidas, tal y como recogían las propias ordenanzas militares alemanas.
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