Ahora bien, pese a que la Brigada Político Social haya cambiado de nombre, lo cierto es que sus agentes han continuado sirviendo en las Fuerzas de Seguridad, y muchos de ellos se han reciclado en la lucha antiterrorista. De hecho, entre este personal, que no ha sido objeto de ninguna depuración, destacan algunas figuras emblemáticas, como el «superagente» Roberto Conesa, probablemente el más conocido. Conesa ingresó en la policía en 1939 y fue adquiriendo experiencia en la lucha contra las guerrillas republicanas de los maquis del Norte, convirtiéndose rápidamente en un especialista de los interrogatorios y de la obtención de confesiones por medio de la tortura -como bien recordarán los acusados del proceso de Burgos-. En los últimos años del franquismo, y transformado en un torturador de renombre, Conesa logrará auparse hasta la cima de la Brigada Política Social. En 1976, al suprimirse este último cuerpo, es nombrado jefe superior de la policía de Valencia. En enero de 1977, tras los desastrosos resultados que está obteniendo la policía en el caso Oriol, el nuevo director general de la Seguridad del Estado, Mariano Nicolás, exgobernador civil de Valencia, decide llamar a su antiguo jefe de policía. Éste regresa a Madrid, substituye al comisario encargado de la investigación, y en menos de dos semanas consigue resolver el asunto. Varios testigos referirán posteriormente el espanto que se apoderó de ellos al descubrir de pronto en primera plana de todos los medios el rostro del hombre que tanto sufrimiento les había infligido unos años antes. En marzo, Martín Villa le nombra director de la recién creada Brigada Antiterrorista, es decir, los GEOs. Le felicita además por su eficacia en el caso Oriol y lo condecora con la medalla de oro al merito policial. Conesa se pone al frente de la Comisaría general de Información, bajo la que se oculta la antigua Brigada Político Social. En el otoño de 1978, será enviado en misión especial al País Vasco, al frente de unos sesenta policías, con el fin de actualizar la información sobre ETA. Procede entonces a la detención de cerca de 180 personas pertenecientes a los círculos nacionalistas vascos, arrestando indiscriminadamente a los miembros activos y a los ya retirados de la organización e interrogando asímismo a sus familiares o a los militantes de otros partidos alejados de toda actividad terrorista. En 1979 sufre un infarto de miocardio y queda apartado de toda actividad laboral. Una vez alcanzada la edad de la jubilación, se retira definitivamente de la policía.
Sophie Baby, El mito de la transición pacífica.
En la entradas anteriores, les había hablado de como se ha creado un mito casi indestructible sobre una transición remanso de paz que en realidad no fue tal, sino con un grado de violencia similar al de la Italia coetánea, sumida en una sangrienta guerra sin cuartel entre terrorismo de izquierda y derechas. Asímismo, y en nuestro caso, la pervivencia en el recuerdo de ambas ramas del terrorismo ha tenido muy diferente suerte. Aun cuando ambos fueron casi igual de violentos, el de la derecha ha quedado casi olvidado, salvo hechos excepcionales como la matanza de Atocha; mientras que el de izquierda sigue siendo utilizado como arma arrojadiza en el combate político, producto de la larga trayectoria de ETA durante los 80 y 90. Sin embargo, hay un tercer tipo de violencia que ha desaparecido por completo de la memoria e incluso de la reflexión histórica: el ejercido por el propio estado.
No es de extrañar, ya que la existencia de esa violencia niega de pleno el mito de la transición pacífica e incluso su legitimidad. Si los poderes existentes usaron la fuerza, la violencia, la intimidación y el amedrentamiento contra su propia población, sus credenciales democráticas quedan claramente en entredicho. Por otra parte, documentar y probar esos hechos delictivos del estado es harto difícil. Algunos, como la guerra sucia contra el terrorismo ejemplificada no sólo por el GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) , sino por su posible predecesor, el nebuloso BVE (Batallón Vasco Español), pertenecen al ámbito de las operaciones secretas, cuya envergadura sólo suele salir a luz muchas décadas tras los hechos, tras la desclasificación de los archivos oficiales. Otros, como la tortura en las comisarías, suelen terminar siendo silenciadas por el miedo y la indefensión de sus víctimas, temerosas de volver a ser succionadas por ese torbellino del terror y el sufrimiento. No obstante, como bien hace Baby en el libro que vengo comentándoles, sí es posible realizar un estudio de esa violencia estatal, aunque sea fragmentario. Incluso es posible dividirlo en dos periodos, los separados por la disolución del TOP (Tribunal de Orden Público) franquista y su substitución por la Audiencia Nacional, el 4 de enero de 1977
La fecha no es arbitraria y marca un cambio decisivo en como los gobiernos de la transición contemplaban la existencia de disidentes políticos, asi como la legalidad, o no, de sus manifestaciones públicas. El TOP, desde su fundación era un arma para perseguir a estos opositores y combatir cualquier forma de protesta por parte de las masas. Se erigía así como un mecanismo más de defensa del tardofranquismo frente a las fuerzas de izquierda o derecha moderada que pretendían derribarlo para substituirlo por una democracia, sin importarle que las acciones de esos grupos fueran pacíficas o violentas. Su espíritu era el mismo, aunque con un barniz de legalidad, que el del levantamiento nacional: aplastar con mano dura cualquier intento de disidencia y de disensión para imponer, aunque fuera por el terror, el ideario franquista. La Audiencia Nacional, por el contrario, se constituía como un tribunal dirigido contra el terrorismo. No buscaba, por tanto, penar ideales políticos contrarios a una supuesto ortodoxia, que en principio se consideraban igual de legales y permitidos, sino la persecución de aquellos que buscasen sus fines políticos por medios violentos.
Esa diferencia crucial tiñe la acción de la violencia estatal en todos sus ámbitos, especialmente el policial. Durante 1976, especialmente en el periodo de Arias Navarro/Fraga, cuando se intentaba construir un modelo Canovista de turno de partidos, las fuerzas policiales se emplearon contra lo que desde los herederos del Franquismo se consideraba subversión. Una represión sin tasa, que además coincidió con el último intento serio por parte de la izquierda por forzar una ruptura democrática mediante la movilización popular. Esa apuesta, como ya les he señalado, se saldo con un fracaso, tanto por el cansancio de los sectores de izquierda como por su imposibilidad de granjearse apoyos en el centro y la derecha, pero también por la represión sin tasa ni moderación desplegada por Fraga y que alcanzaría su paroxismo en los sucesos de Vitoria de ese año. España no se convertiría en el primer ejemplo de revuelta popular pacífica que consigue formar una democratización, como se haría común a finales de los 80 y los 90, y cuyo primer ejemplo, paradójicamente, sería el Irán del Shah en 1979
Durante ese año de 1976, que abarca, no se olvide, seis meses de gobierno Suárez, las fuerzas policiales no dudaron en desplegar las tácticas represivas en las que habían sido entrenadas durante el Franquismo. Al contrario que lo suele ser común en una democracia, enfrentadas a una manifestación no intentaban contener y aislar, reservando las cargas como último recurso, sino que buscaban infligir el máximo daño entre los manifestantes, detener a buen número de ellos y luego proceder a su "procesamiento" en centros de detención, lo que implicaba, con demasiada frecuencia, vejaciones y torturas. Si esto era así en toda España, era incluso peor en el País Vasco. En ocasiones, como indica Baby, las fuerzas de seguridad destacadas allí perdieron el control por completo, entregándose incluso al saqueo de poblaciones urbanas, como ocurrió en Renteria en 1978. Conducta que no ayudó mucho a congraciarse el afecto de la población y si sirvió mucho a ETA a la hora de ampliar apoyos y justificar la guerra civil larvada a la que empujaba a esa región
Esta violencia indiscriminada contra la población desapareció casi por completo a medida que 1977 avanzaba, cuando la policía y los jueces comenzarón a tolerar las manifestaciones opositoras y dejaron de apoyarse y disculpar a grupos extremistas de derecha. Sin embargo, la periódica exasperación de las acciones terroristas, coincidentes con elecciones y referendos, así como el enquistamiento de la situación en el País Vasco, con ETA y las fuerzas de seguridad intercambiando golpes sin ser capaces de derrotarse, provocó una deriva peligrosa de la nueva democracia hacia la represión y el autoritarismo. Si bien la violencia y la tortura se consideraban ya inaceptables de manera corriente y generalizada, el miedo al peligro terrorista llevó a disculparlas en ese ámbito preciso. Los malos usos del franquismo se perpetuaron de esa manera, siendo heredados incluso por el nuevo gobierno del PSOE, que no dudo en promover una guerra sucia contra el terrorismo en forma de los GAL.
Ése grupo terrorista fue el síntoma más visible de esa distorsión de la joven democracia, pero además, y como pecado original del que nunca ha llegado a desprenderse por completo, se mantuvieron los registros y detenciones casi ilegales, al amparo de las múltiples leyes antiterrorista, así como las torturas y los asesinatos selectivos. Con casos tan espeluznantes como cuando en 1981 un grupo de jóvenes murcianos, confundidos con terroristas de ETA, fueron torturados, asesinados e incinerados por una unidad de Guardias Civiles.
Verdades que, aunque incómodas y dolorosas, sólo ahora se vienen a descubrir. Mejor dicho, sólo ahora se vuelven a recordar.
No es de extrañar, ya que la existencia de esa violencia niega de pleno el mito de la transición pacífica e incluso su legitimidad. Si los poderes existentes usaron la fuerza, la violencia, la intimidación y el amedrentamiento contra su propia población, sus credenciales democráticas quedan claramente en entredicho. Por otra parte, documentar y probar esos hechos delictivos del estado es harto difícil. Algunos, como la guerra sucia contra el terrorismo ejemplificada no sólo por el GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) , sino por su posible predecesor, el nebuloso BVE (Batallón Vasco Español), pertenecen al ámbito de las operaciones secretas, cuya envergadura sólo suele salir a luz muchas décadas tras los hechos, tras la desclasificación de los archivos oficiales. Otros, como la tortura en las comisarías, suelen terminar siendo silenciadas por el miedo y la indefensión de sus víctimas, temerosas de volver a ser succionadas por ese torbellino del terror y el sufrimiento. No obstante, como bien hace Baby en el libro que vengo comentándoles, sí es posible realizar un estudio de esa violencia estatal, aunque sea fragmentario. Incluso es posible dividirlo en dos periodos, los separados por la disolución del TOP (Tribunal de Orden Público) franquista y su substitución por la Audiencia Nacional, el 4 de enero de 1977
La fecha no es arbitraria y marca un cambio decisivo en como los gobiernos de la transición contemplaban la existencia de disidentes políticos, asi como la legalidad, o no, de sus manifestaciones públicas. El TOP, desde su fundación era un arma para perseguir a estos opositores y combatir cualquier forma de protesta por parte de las masas. Se erigía así como un mecanismo más de defensa del tardofranquismo frente a las fuerzas de izquierda o derecha moderada que pretendían derribarlo para substituirlo por una democracia, sin importarle que las acciones de esos grupos fueran pacíficas o violentas. Su espíritu era el mismo, aunque con un barniz de legalidad, que el del levantamiento nacional: aplastar con mano dura cualquier intento de disidencia y de disensión para imponer, aunque fuera por el terror, el ideario franquista. La Audiencia Nacional, por el contrario, se constituía como un tribunal dirigido contra el terrorismo. No buscaba, por tanto, penar ideales políticos contrarios a una supuesto ortodoxia, que en principio se consideraban igual de legales y permitidos, sino la persecución de aquellos que buscasen sus fines políticos por medios violentos.
Esa diferencia crucial tiñe la acción de la violencia estatal en todos sus ámbitos, especialmente el policial. Durante 1976, especialmente en el periodo de Arias Navarro/Fraga, cuando se intentaba construir un modelo Canovista de turno de partidos, las fuerzas policiales se emplearon contra lo que desde los herederos del Franquismo se consideraba subversión. Una represión sin tasa, que además coincidió con el último intento serio por parte de la izquierda por forzar una ruptura democrática mediante la movilización popular. Esa apuesta, como ya les he señalado, se saldo con un fracaso, tanto por el cansancio de los sectores de izquierda como por su imposibilidad de granjearse apoyos en el centro y la derecha, pero también por la represión sin tasa ni moderación desplegada por Fraga y que alcanzaría su paroxismo en los sucesos de Vitoria de ese año. España no se convertiría en el primer ejemplo de revuelta popular pacífica que consigue formar una democratización, como se haría común a finales de los 80 y los 90, y cuyo primer ejemplo, paradójicamente, sería el Irán del Shah en 1979
Durante ese año de 1976, que abarca, no se olvide, seis meses de gobierno Suárez, las fuerzas policiales no dudaron en desplegar las tácticas represivas en las que habían sido entrenadas durante el Franquismo. Al contrario que lo suele ser común en una democracia, enfrentadas a una manifestación no intentaban contener y aislar, reservando las cargas como último recurso, sino que buscaban infligir el máximo daño entre los manifestantes, detener a buen número de ellos y luego proceder a su "procesamiento" en centros de detención, lo que implicaba, con demasiada frecuencia, vejaciones y torturas. Si esto era así en toda España, era incluso peor en el País Vasco. En ocasiones, como indica Baby, las fuerzas de seguridad destacadas allí perdieron el control por completo, entregándose incluso al saqueo de poblaciones urbanas, como ocurrió en Renteria en 1978. Conducta que no ayudó mucho a congraciarse el afecto de la población y si sirvió mucho a ETA a la hora de ampliar apoyos y justificar la guerra civil larvada a la que empujaba a esa región
Esta violencia indiscriminada contra la población desapareció casi por completo a medida que 1977 avanzaba, cuando la policía y los jueces comenzarón a tolerar las manifestaciones opositoras y dejaron de apoyarse y disculpar a grupos extremistas de derecha. Sin embargo, la periódica exasperación de las acciones terroristas, coincidentes con elecciones y referendos, así como el enquistamiento de la situación en el País Vasco, con ETA y las fuerzas de seguridad intercambiando golpes sin ser capaces de derrotarse, provocó una deriva peligrosa de la nueva democracia hacia la represión y el autoritarismo. Si bien la violencia y la tortura se consideraban ya inaceptables de manera corriente y generalizada, el miedo al peligro terrorista llevó a disculparlas en ese ámbito preciso. Los malos usos del franquismo se perpetuaron de esa manera, siendo heredados incluso por el nuevo gobierno del PSOE, que no dudo en promover una guerra sucia contra el terrorismo en forma de los GAL.
Ése grupo terrorista fue el síntoma más visible de esa distorsión de la joven democracia, pero además, y como pecado original del que nunca ha llegado a desprenderse por completo, se mantuvieron los registros y detenciones casi ilegales, al amparo de las múltiples leyes antiterrorista, así como las torturas y los asesinatos selectivos. Con casos tan espeluznantes como cuando en 1981 un grupo de jóvenes murcianos, confundidos con terroristas de ETA, fueron torturados, asesinados e incinerados por una unidad de Guardias Civiles.
Verdades que, aunque incómodas y dolorosas, sólo ahora se vienen a descubrir. Mejor dicho, sólo ahora se vuelven a recordar.
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